La oposición boliviana denuncia que el contrato con el asesor de ZP para tapar el ‘pucherazo’ es ilegal

Varios diputados de los dos principales partidos de la oposición en Bolivia denuncian que el contrato entre la Fiscalía de Bolivia y Juan Manuel Corchado, ex asesor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y profesor de la Universidad de Salamanca, está plagado de irregularidades y es ilegal. Este contrato, que tuvo un coste de 30.000 dólares, acordó la elaboración de una pericial sobre el fraude electoral que Evo Morales cometió en las elecciones presidenciales de octubre de 2019.

En primer lugar, el documento de contratación publicado en el Sistema de Contrataciones Especiales (SICOES) detalla que la Fiscalía de Bolivia adjudicó a Corchado la pericia por el tipo de contratación de “servicios generales”. Sin embargo, el fichaje del ex asesor del Gobierno de Zapatero se enmarca en la modalidad de “consultoría”. Una categoría encargada de los servicios de carácter intelectual como auditorías, estudios e investigaciones.

Otra de las irregularidades es que en el acta de adjudicación del contrato se especifica que se contrató al docente en el acápite de “servicios generales” apelando al Decreto Supremo nº 26.688. En cambio, esta modalidad de contratación no está contemplada en este precepto al tratarse de un contrato cuyo proveedor se encuentra en el extranjero. La tercera irregularidad es que Corchado no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), tal y como figura en la documentación que hoy publica OKDIARIO.

Se trata de un requisito imprescindible para las contrataciones de más de 20.000 bolivianos (al cambio 2.500 euros aproximadamente). Y el caso de Corchado se enmarca en esta irregularidad ya que el precio de su informe ascendió hasta los 30.000 dólares. La cuarta irregularidad es que el contrato con el ex asesor del Gobierno de Zapatero es que nunca debía de haberse firmado ya que incumple el requisito de la falta del RUPE.

La quinta irregularidad es que en el portal de la Fiscalía General del Estado de Bolivia no se encuentran publicados el Documento Base de Contratación en el Extranjero (DBCE) ni los términos de referencia o especificaciones técnicas. Esta documentación tampoco se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado. Otra de las irregularidades es que la Fiscalía andina manifestó que se emitió una convocatoria pública para que cualquier experto se presentara al concurso público.

Sin embargo, en el “listado de empresas proponentes” que figura en el contrato tan sólo figura el nombre de Juan Manuel Corchado y de nadie más. La razón social o nombre de los dos proponentes que mencionan las autoridades bolivianas no aparecen por ningún lado. Por último, el decreto nº 26.688 determina que cuando el Estado quiere contratar a un proveedor extranjero tiene que acreditar que ese servicio no lo puede ofrecer una empresa nacional.

En cambio, como la Fiscalía oculta el nombre del resto de participantes es imposible averiguar si hubo o no competencia nacional y, por lo tanto, no se debía de haber recurrido a los servicios profesionales prestados por el profesor de la Universidad de Salamanca. Además de los opositores, el periodista boliviano Agustín Zambrana de El Búnker también ha participado en esta investigación.

Asesor del Gobierno de Zapatero

Como ayer publicó OKDIARIO, durante el año 2010 Corchado ocupó el cargo de director adjunto de la coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, un organismo científico público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el momento en que Corchado fue contratado como experto su jefa era la entonces ministra socialista Cristina Garmendia.

El paso de Corchado por el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedó registrado en uno de los curriculum vitae oficiales que constan del profesor de la Universidad de Salamanca ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, Corchado se desvincula totalmente de los servicios que prestó en calidad de asesor científico cuando OKDIARIO le pregunta si ha tenido alguna relación con algún partido político o algún Gobierno. “No. Es falso”, repite a este periódico en tres ocasiones.

Pero el vínculo entre Corchado y el Estado no se limita a este trabajo. Este periódico ha localizado decenas de proyectos de investigación dirigidos por el docente financiados con dinero público. Si bien es cierto que ha cobrado ayudas de varias administraciones públicas en gran cantidad de oportunidades han sido adjudicadas en períodos en los que el PSOE estaba en el Gobierno. Por ejemplo, en el año 2008, el Ministerio de Industria financió con 789.000 euros públicos un proyecto del asesor del Gobierno de Zapatero llamado EPC: Enne Community Platform.

El año anterior, en 2007, Corchado, nuevamente del Ministerio de Industria, recibió 456.000 euros para la realización de un proyecto denominado ALIADO. En 2008, y como en las anteriores ocasiones desde Industria, en aquel momento dirigida por el socialista Joan Clos, el docente de la Universidad de Salamanca volvió a ser financiado con dinero público. En esta ocasión la inyección fue de 491.000 euros por un proyecto llamado Open distributed architecture based on agent technology for heavy processing.